✅ Ley Molac : Francia no acaba de aceptar la diversidad lingüística

La ley Molac y la diversitad lingüística.

A pesar de la aprobación, el 8 de avril, de una ley histórica para la enseñanza de las llamadas lenguas “regionales”, el país galo no abandona su tradición centralista y somete la nueva ley a escrutinio del Tribunal Constitucional, en un procedimiento que tiene mal sabor de boca para muchos políticos.

Para quien conozca Francia, no es una novedad: el país es uno de los más centralizados en el mundo, no solo a nivel político, sino también a nivel lingüístico. Su política lingüística entristece a los amantes de las lenguas, porque Francia alberga una diversidad impresionante en este aspecto: además del francés y de lenguas hermanas, tradicionalmente habladas en el norte del país, heredó una de las pocas lenguas celtas aún vivas (el bretón), una lengua no indoeuropea (el euskera), una lengua alemana (el alsaciano), una lengua neerlandesa (el flamenco), dos lenguas latinas que disfrutan de co-oficialidad en España (el occitano y el catalán), y una lengua hermana del italiano (el corso). Eso, sin entrar en más detalles ni hablar de las varias lenguas criollas, o de las lenguas habladas en Polinesia…

Un pueblo, una lengua.

Sin embargo, Francia tiene una férrea tradición de promoción exclusiva del francés, desde la Revolución francesa al menos. La República lo dice claro, y explícito: el único idioma oficial es el francés. Para asegurarse de que el francés prevalece sobre los demás idiomas hablados, el Estado utilizó una serie de métodos nada bondadosos. Cuando se creó el sistema de educación pública a finales del siglo XIX, estaba prohibido hablar otra lengua que no fuese el francés, y, si se daba el caso, se castigaba a los alumnos que no cumplían. Para saltarse el castigo, un alumno podía denunciar a un compañero, y pasarle así la pena. Por otro lado, una normativa proponía quitarles el sueldo a los clérigos que no daban misa en francés.

De forma adicional, Francia intentó desprestigiar los idiomas concurrentes de todas las maneras posibles.

Una de ellas era fomentar el uso de dialectos en contra de una lengua estandarizada de esas lenguas minoritarias (como es el batua en euskera).
Solamente con una ley de 1951, conocida como ley Deixonne, se permitió la enseñanza facultativa de las lenguas llamadas “regionales”. Desde aquel momento, no hubo casi ninguna evolución, a parte de casuísticas muy locales, y a parte del caso de Córcega, que goza de un estatus constitucional especial.

La aprobación de una ley histórica : la ley Molac.

Así, 70 años después de la ley Deixonne, la propuesta de ley del diputado bretón Paul Molac sonaba como una pequeña revolución. Tanto por su contenido como por su trámite en el Parlamento francés. La ley trae dos grandes innovaciones: por un lado, oficializa el sistema de enseñanza llamado “por inmersión”, es decir, enseñanza a través de la propia lengua “regional”, el sistema empleado en las ikastolas, por ejemplo. Este método presenta notables éxitos en el País vasco francés, en Bretaña y en Occitania, pero hasta ahora, solamente podía ser puesto en marcha en entidades privadas. Por otro lado, la ley Molac propone un sistema de compensación financiera entre municipios: si un municipio no propone enseñanza de una lengua “regional” y que algunos de los niños que allí residen se ven obligados a elegir una escuela en otro municipio vecino por este motivo, entonces el municipio de residencia está obligado a pagar al municipio vecino una “contribución escolar” para compensar el sobrecoste ocasionado por el nuevo alumno.

Este mecanismo surge a raíz de dificultades financieras de los municipios, lo que les desalienta a proponer la enseñanza de las lenguas en alguna ocasión.

En principio, no era de esperar que una ley con este contenido pudiera ser aprobada por el Parlamento francés, de no haber sido por la voluntad del diputado Molac y de sus apoyos. A pesar de que el propio gobierno francés (en concreto, el Ministro de Educación) se mostró opuesto a la ley, Paul Molac consiguió una mayoría muy confortable a favor de su propuesta, que se aprobó el 8 de abril de 2021. Solamente este hecho ya es digno de resaltar, porque el sistema electoral francés conlleva casi siempre que el gobierno goce de una mayoría parlamentaria muy amplia, y es justamente el caso ahora, con el partido del presidente de la República Emmanuel Macron, que tiene mayoría absoluta sin tener que contar con otros partidos. Aún así, Paul Molac consiguió convencer a sus compañeros, aunque algunos diputados del mismo partido mayoritario sí votaron en contra de la ley. Desde fuera llamaba la atención la unanimidad a favor de la ley por parte de diputados de Bretaña, Alsacia, País Vasco y Córcega.

60 diputados dan la cara, el gobierno redacta.

Sobra explicar la alegría que ocasionó la aprobación de la ley entre los defensores de las lenguas “regionales”. Tenían la impresión que el destino se ponía de su lado por fin. Sin embargo, dos semanas después, su victoria tiene un sabor amargo. Y es que, justo antes de la publicación de la ley por parte del presidente de la República, más de 60 diputados recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional. El número de 60 diputados es el mínimo para que se pueda ejercer este derecho. La primera sorpresa llegó al conocerse el nombre de los firmantes: casi todos son del partido del presidente, el mismo que aprobó la ley en su inmensa mayoría. Es un hecho bastante curioso que un partido recurra una ley aprobada por él mismo, y en Francia es más curioso aún. El grupo de 60 diputados era liderado por la diputada parisina Aurore Bergé, que suele ser presentada como muy cercana al Ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer (y es también conocida por haber vertido muchas lágrimas cuando no consiguió un puesto en el nuevo gobierno del Primer Ministro Jean Castex).

El Ministro Blanquer ya había expresado su oposición a la enseñanza por inmersión y a la contribución escolar.

Pero otra sorpresa es que el gobierno francés no haya recurrido él mismo al Tribunal Constitucional, aunque tiene este derecho.Sin embargo, un periódico en línea, especializado en ámbitos de poder en Francia, dio a conocer que el recurso había sido preparado por una colaboradora del propio gabinete del Ministro Blanquer. La implicación del Ministro queda clara entonces, y el Ministerio no niega haber aportado elementos para que los 60 diputados presentaran el recurso.
Poco después, se conoció el motivo del recurso: se trata de la famosa contribución escolar, vista como inconstitucional por algunos. No obstante, los defensores de las lenguas empezaron a preocuparse, porque el Tribunal Constitucional puede, si así lo desea, examinar la constitucionalidad de la totalidad de la ley, y no solamente del objeto del recurso. Así mismo, existe el riesgo de que la ley histórica sea anulada enteramente.

Diputados con remordimiento.

Algunos defensores de la diversidad lingüística empezaron a expresar su enfado y su preocupación a los diputados que firmaron el recurso. Otra sorpresa más: después de apenas una semana, ya son casi diez los diputados que afirman o bien haber retirado su firma al recurso, o bien no haberlo firmado en absoluto. Incluso se dan casos de diputados que votaron a favor de la ley y firmaron el recurso dos semanas más tarde. Muchos ciudadanos piden que se publique oficialmente la lista de los firmantes, pero el procedimiento habitual es que se haga al mismo tiempo que la decisión del Tribunal Constitucional.

Según algunas fuentes, habría mucha tensión ahora mismo en el partido mayoritario, y algunos diputados amenazan con dimitir. Es que, a pocos meses de unas elecciones regionales y a un año de elecciones parlamentarias, la actitud de los diputados puede restarles bastantes votos…

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